Mineras, territorio vedado

Mineras, territorio vedado

Eco Oro y AUX Gold impidieron el paso a expertos que pretendían verificar posibles daños en el páramo de Santurbán y zonas aledañas. (Texto publicado en la edición 239, que circuló del 1 al 14 de octubre de 2012).

COMPARTIR
El imponente cerro de Angostura -con carretera y lagunas-, ahora propiedad de la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp., resultó inexpugnable para una comisión de expertos que pretendía verificar in situ eventuales deterioros del medio ambiente en el Páramo de Santurbán, donde nacen las quebradas que proveen de agua al millón de habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana. Sin embargo denuncias como las formuladas por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, fueron descalificadas por el director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya. /FOTO PASTOR VIRVIESCAS GÓMEZ

Como geólogo, Julio Fierro está acostumbrado a que las multinacionales mineras intenten seducirlo para que claudique en su defensa del medio ambiente y se pase a sus filas a cambio de un jugoso salario, pero como asesor de la Contraloría General de la República y su Delegada para el Medio Ambiente lo que no esperaba es que le impidieran ingresar a los predios que la empresa Eco Oro Minerals Corp. ha venido comprando en Santander.

Y eso fue lo que le sucedió el pasado 19 de septiembre cuando en compañía de una comisión de 15 expertos de las universidades Nacional, Santo Tomás e Industrial de Santander, así  como de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y el Acueducto de Bucaramanga, pretendió recorrer y tomar muestras en los vastos territorios que la multinacional canadiense posee en los municipios de California y Vetas, los cuales están ubicados en un alto porcentaje dentro del Páramo de Santurbán, lugar en el que las autoridades ambientales han ratificado que no se pueden ejecutar proyectos de megaminería a cielo abierto, como pretendió en un primer momento la entonces llamada Greystar Resources que iba tras más de siete millones de onzas de oro.

Lo que se encontraron Fierro y sus acompañantes fue a un grupos de vigilantes armados así como ingenieros que después de exigir permisos oficiales, les prohibieron la entrada, a sabiendas de que su único propósito era revisar los sitios donde esa empresa minera realiza tareas de exploración en busca de oro, plata y otros minerales, de los cuales existen inmensas reservas, especialmente en el proyecto Angostura.

La comisión solo portaba aparatos de posicionamiento global (GPS), correntómetros, termómetros, brújulas y neveras para conservar las muestras que buscaban tomar en los mismos sitios donde en marzo pasado estuvieron funcionarios de la Autoridades Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y hallaron  una serie de irregularidades que les llevó a notificar  a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), que a su vez tendría que ordenar las acciones necesarias para que las mineras Eco Oro, AUX Colombia y Leyhat apliquen los correctivos del caso antes de que sea demasiado tarde, más si se tiene en cuenta que quebradas como La Baja, Páez y Angostura son las que alimentan el río Suratá, el cual surte de agua potable no solo a Bucaramanga sino a poblaciones vecinas como Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Y es que a pesar de que la Cdmb se negó a acompañarlos, la comisión de biólogos, geólogos, ingenieros civiles y químicos permaneció durante dos horas frente al portón de Eco Oro que bloquea la carretera que conduce a la docena de lagunas que coronan el Páramo de Santurbán. Igual situación le ocurrió a un grupo de cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la Nación a quienes los guardianes e ingenieros de Eco Oro no les permitieron pasar, como lo denunció Florentino Rodríguez Pinzón, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

No obstante, los expertos lograron tomar muestras en las zonas aledañas y observar el grado de deterioro que está sufriendo este frágil ecosistema de páramo y bosque alto andino. Según Rodríguez,  el concepto de la Anla es apenas la punta del iceberg de las “grandes afectaciones” que están dándose por cuenta de los trabajos de las multinacionales mineras. “Queríamos corroborar la real dimensión de los daños, pero no nos dejaron. Sin embargo apreciamos que los daños son gigantescos: la cobertura vegetal -que se está perdiendo-, es grisácea, se está convirtiendo en una zona semidisértica con graves procesos erosivos, y contaminación ácida por bajo pH”.

La comisión constató además el pésimo estado de la trocha que conduce de California a las minas, así como el constante ingreso de camiones con maquinaria pesada – entre ellos trituradoras y vehículos especialmente diseñados para construir túneles-, así como el estado de deterioro de minas y socavones abandonados, muchos de ellos con desechos cianurados que lentamente siguen contaminando las fuentes de agua.

“Mientras el Gobierno distrae nuestras denuncias en juegos de escritorio, pareciera facilitar el accionar de las multinacionales mineras, que amparadas en el funesto decreto 2820 de 2010, se apoderaron de la zona y cual ‘Repúblicas Independientes’ imponen su ley en la zona, restringiendo el acceso y olvidando que el subsuelo y el recurso hídrico es de todos los colombianos”, insistió Rodríguez Pinzón.

Erwing Rodríguez Salah, miembro del movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, manifestó su preocupación por todo lo que le pueda estar pasando al páramo de Santurbán y a la zona de subpáramo y bosque alto andino, exigiendo que las autoridades ambientales se preocupen cuanto  antes de blindar las cuencas y microcuencas hidrográficas que proveen al acueducto de Bucaramanga.

Un aspecto que impactó a los expertos, según Florentino Rodríguez, es la construcción de un túnel por parte de la compañía AUX, de propiedad del multimillonario alemán-brasileño Eike Fuhkern Batista. “Le pedimos a la Cdmb que valore esta delicada situación, porque al decir de un denunciante se rompió una acuífero y están corriendo de su interior cerca de cien litros por segundo, que es una cantidad enorme que indudablemente va a generar la baja de los niveles freáticos, secando la cobertura general y afectando la fauna, creando un verdadero desastre ecológico”.

Rodríguez señaló de permisivos con las mineras tanto a la Cdmb como a la Anla y los Ministerios de Ambiente y Minas, “en especial a la autoridad ambiental local, a la que se responsabiliza por negligencia en el cumplimiento de las actividades de monitoreo a las actividades exploratorias”.

Según el ingeniero civil y doctor en hidrogeología, Leonardo Donado Garzón, el riesgo de las actividades mineras que requieren metales pesados bioacumulables como el cianuro y en zonas de alta sismicidad como esta de la Cordillera Oriental es que los daños en la salud pública solo se verán con el paso de los años, “cuando las minas estén clausuradas o en procesos de cierre y ya no haya quien responda ni pague por esa situación, y las regalías no alcancen para remediar nada”.

Esta visita coincidió con el anuncio de Eco Oro, según el cual esa empresa se ha visto precisada a efectuar recortes en su personal o un “retiro voluntario” de sus trabajadores, alegando la no delimitación de la zona de páramo -que afectaría el 70 por ciento de sus reservas auríferas de acuerdo con el título minero 3452- y la inminente declaratoria de Parque Natural por parte de la Cdmb.

De acuerdo con Joao Carrelo, presidente de Eco Oro, su empresa ha invertido en los últimos quince años más de 200 millones de dólares (unos 340 mil millones de pesos) en adquisición de tierras, viejas minas explotadas artesanalmente por los habitantes de la región y en la fase exploratoria, y aparte de llegar a generar unas mil plazas de trabajo -la mayoría mano de obra no calificada-, su aporte sería vital para el desarrollo de esta región.

Debido a una queja instaurada en Washington (Estados Unidos), el abogado Miguel Ramos, del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, anunció que en la primera semana de octubre llegará a Colombia una delegación de la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial que investigará el asunto y recogerá material probatorio debido a que uno de los accionistas de Eco Oro Minerals Corp es precisamente esa entidad a través de la Corporación Financiera Internacional.

Mientras tanto, el geólogo Fierro anunció que no se quedará con los brazos cruzados y en las próximas semanas, porque es un convencido de la obligación del Estado, estará pasando con el peso de la autoridad por el portón de Eco Oro y los de las otras multinacionales que por ahora hacen gala de su poderío en estas extensiones protegidas con una fibra verde que no permite su observación ni a las propias autoridades y menos a la sociedad civil.

Lo que vio la Anla 

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), descubrió en marzo pasado que por ejemplo Eco Oro había realizado hasta ese momento 850 perforaciones de 400 metros de profundidad en promedio, “cuya ejecución infiere la intervención de un área aproximada de 45 a 50 metros cuadrados por plataforma, además de la conformación de taludes en promedio de un metro de altura”. Plataforma como la de ‘Los Laches’ está ubicada a 3.438 metros sobre el nivel del mar.

A sabiendas de que en desarrollo de la perforación se hace necesario el uso de lodos -especialmente bentonita que sirve para lubricar la broca-, y que Eco Oro utiliza para ellos piscinas de sedimentación, los inspectores de Anla encontraron “bolsas de polipropileno llenas con lodo y material estéril, algunas de ellas en mal estado, permitiendo el derrame de su contenido”. Piscinas que se encontraban si una cubierta las aislara de recibir aguas adicionales (lluvia) que pudieran generar rebose y por lo tanto afectación a la vegetación circundante.

Eco Oro también ha perforado al menos dos túneles exploratorios, según el concepto técnico 503 de abril: el llamado ‘Veta de barro’, de 400 metros de longitud y a 3.098 msnm, y ‘La perezosa II’, a 2.854 msnm y con 2.000 metros de longitud.

Para el caso de AUX, la Anla halló que en un área intervenida a 2.662 msnm se removió material, parte del cual “está rodando sin manejo ni control ladera abajo sobre la vertiente de la quebrada La Baja”, creando el riesgo de un represamiento o la misma contaminación de las aguas. A 2.826 msnm encontraron una captación de agua de una corriente natural “sin contar con la concesión correspondiente”.

‘Explosión’ de títulos

En los municipios santandereanos de Vetas y California han sido concedidos 144 títulos mineros, muchos de ellos a multinacionales mineras.

De acuerdo con la lista conocida por 15, la empresa Anglo Gold Ashanti Colombia posee 17 títulos mineros, la canadiense Eco Oro Minerals Corp. (antes Greystar Resources Ltd.) 15 títulos, seguida por AUX Colombia con 14, Sociedad Minera Calvista Colombia con 12, Galway Resources Holdco Colombia con 8 y Leyhat Colombia con siete títulos, la mayor parte de ellos otorgados durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga
COMPARTIR