Asentamientos ilegales inmersos en la zona rural de Bucaramanga

Asentamientos ilegales inmersos en la zona rural de Bucaramanga

La legalidad es la única forma para que la alcaldía de Bucaramanga y las empresas de servicios públicos atiendan las necesidades básicas que presentan los asentamientos Cuadros, Granjitas y El Porvenir.

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Zona afectada del corregimiento número tres, sector granjitas. /FOTO VIVIANA PINILLA GONZÁLEZ

La zona rural de Bucaramanga tiene 10.600 hectáreas que corresponden a más del 51 % del área total de la ciudad, en donde hay aproximadamente nueve veredas y 31 asentamientos poblados de los que se tiene registro, llamados también núcleos poblacionales, como Vijagual, Nogal, Villaluz y Bosconia. También se han creado otros asentamientos inmersos o desconocidos, producto de construcciones ilegales que se vendieron hace años. Actualmente existe la compraventa de lotes en estos lugares, aunque las parcelas se entreguen sin servicios públicos.

En la comuna dos de Bucaramanga, una cuadra antes del Centro Juvenil Amanecer, se encuentra la entrada al caserío Granjitas y al asentamiento Los Cuadros, cada uno con cuarenta viviendas y alrededor de 200 personas. Por esa misma carretera, a cinco minutos, queda El Porvenir que cuenta con 270 casas y una población de 1.100 personas.

La inexistencia de recursos hace que los habitantes de la zona recurran a  una pila pública suministrada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB. El punto, que fue pensado para treinta familias es utilizado por ochenta.  Otras personas usan el agua de un nacimiento que atraviesa los asentamientos El Porvenir y Los Cuadros.

Cada casa recoge agua por veinte minutos, cada día por medio. El alcantarillado es artesanal, no existe gas, y se compra el cilindro o se cocina en leña. Según Luz Mary Sánchez líder del asentamiento El Porvenir, el único servicio que tienen algunas familias es la luz, que hace seis años la Electrificadora de Santander, ESSA, instaló por medio de un contador que podían financiar los habitantes. El costo dependía de la distancia del cable. Hoy en día, hay 219 casas que necesitan contador porque la empresa no ha ido a instalarlo.

Sandra Hurtado y Bárbara Vega, líderes del sector Granjitas y Los Cuadros, indican que en su asentamiento solo diez de cuarenta viviendas poseen gas natural desde hace 35 años, tienen alumbrado público únicamente al inicio de los barrios, y señal que les brinda la empresa Telebucaramanga.

La Secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda Vivas, habló sobre las restricciones que hay en algunas instituciones rurales que no están legalizadas, y que sin la respectiva documentación no pueden ser intervenidas. “Existen 21 sedes en la zona rural para la educación de los niños, doce son propiedad del municipio y nueve figuran con propietario desconocido y no acceden a dotación de recursos educativos”.

Los niños no tienen derecho al sistema de permanencia que les brinda alimentación, útiles escolares y transporte, fundamentales para el desarrollo de la población infantil en las aulas educativas.

Según Johana Duarte encargada de la parte financiera del Plan de Alimentación Escolar (PAE), los criterios de focalización a los que se da prioridad para entrar al sistema de permanencia son las zonas rurales, niños con discapacidad, problemas de desplazados por la violencia, víctimas del conflicto y “niños titulares de derecho”. Los menores no acceden al programa debido a que, por vivir en sectores ilegales, en la alcaldía de Bucaramanga no pueden identificar si la zona a la que pertenecen es urbana o rural. Sin embargo, hay 31.346 niños beneficiados por el programa del Ministerio De educación.

Los estudiantes que viven en los asentamientos ilegales pertenecen a los colegios Promoción Social, la Juventud, Colegio Dámaso Zapata, Manuela Beltrán, y Comuneros. El transporte, que también es una de las variables del sistema de permanencia en las instituciones educativas, no lo adquieren hasta legalizar cada sector y censar la población de niños. Hernando Vesga Díaz, encargado de la calidad educativa, dice que hay 2.505 niños beneficiados y de ellos 1.480 que se transportan dentro de la zona rural.

La construcción en estas zonas no tiene control. Luz Mary Sánchez, líder del sector El Porvenir, añade que todos los días se construye y que aproximadamente hay 600 lotes en la parte alta del mirador de la UIS y en la parte baja, cerca de 1.000 lotes. “Si se sigue comprando terreno no se podrá legalizar, ni tener colaboración por parte de la alcaldía. Por el momento los habitantes del sector pedimos una ayuda porque nosotros sí queremos que nos pongan servicios públicos”, aseguró Sánchez.

Los requisitos para acceder a la legalidad de los barrios se encuentran en el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, en donde se enuncia que “queda absolutamente prohibida la inversión de recursos públicos en asentamientos originados en invasiones o lotes ilegales realizados con posterioridad a la vigencia de la presente ley”.

En las pilas públicas del corregimiento tres, el agua no es potable y la comparten 80 familias. /FOTOS SUMINISTRADAS
En las pilas públicas del corregimiento tres, el agua no es potable y la comparten 80 familias. /FOTOS SUMINISTRADAS

Por Viviana Pinilla González
npinilla@unab.edu.co

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga
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