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Oro versus agua, el ‘queso lleno de rotos’ en el Páramo de Santurbán

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El miércoles 22 de marzo se dieron cita en el Concejo de Bucaramanga representantes de las comunidades aledañas al Páramo de Santurbán, para exponer la situación de riesgo que se avecina ante la llegada a la región de Minesa, entidad que busca la licencia ambiental para la explotación de oro. / FOTO DIANA CATALINA SERRANO

El Concejo Municipal de Bucaramanga, en el marco del Día Internacional del Agua, debatió sobre el panorama que se visualiza en los próximos 35 años si la Sociedad Minera de Santander, Minesa S.A.S (anteriormente conocida como AUX, y actual propiedad de la compañía árabe Mubadala) posee las licencias necesarias para explotar una de las reservas hidrográficas más importantes del departamento.

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Durante la discusión, algunos de los concejales citantes pidieron a las entidades públicas de protección del medio ambiente que se conocieran los procesos que se están incorporando para garantizar la protección del agua. Además, los comités de defensa y habitantes aledaños al Páramo de Santurbán le hicieron un llamado a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), y al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), para que no permitan que esta autorización sea concedida. Estas licencias tienen que ser avaladas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El miércoles 22 de marzo se dieron cita en el Concejo de Bucaramanga. /CATALINA SERRANO
Concejo de Bucaramanga. /CATALINA SERRANO

Jorge Flórez, concejal del Polo Democrático, reclamó a Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb, “que sea independiente”, que la entidad debe separarse de todo tipo de convenios con dicha empresa, ya que “él debe conceptuar sobre la posibilidad de una licencia ambiental ante la Anla, para que Minesa pueda hacer esta explotación y no puede ser juez y parte en esa situación”.

Las entidades citadas no dieron a conocer una premisa clara sobre el tema de la minería en el Páramo de Santurbán. Laura Isabel Rodríguez, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, precisó: “En este momento estamos adelantando la ampliación de núcleos forestales en zonas productoras de agua, protegiendo las cuencas, y la selección de aguas homogéneas, además estamos adquiriendo predios para deforestación de zonas contaminadas y preservación de fauna y flora”.

A su turno, el concejal Pedro Nilson Amaya, del partido Convergencia Ciudadana, explicó que una licencia ambiental es avalada con 31 años de permiso para llevar a cabo la explotación de la mina. “Minesa tiene hasta el 2018 para que le concedan la licencia ambiental, si esto es así nos condenamos a más de 30 años de contaminación, en los cuales hasta el 2021 se realiza la fase de exploración y planeación de la obra, seguido de esto viene la etapa productiva, que es donde se extrae el oro, ciclo que se culminaría hasta el año 2048”.

El proyecto de explotación apunta a obtener 270 toneladas de oro, es decir, 9 millones de onzas. Para sacar un kilo de oro se necesitan 380 mil litros de agua, equivalentes al agua que gastaría un habitante de Bucaramanga en 8 años, aproximadamente. Sumado, 2 mil litros de gas, 137 mil kilovatios por hora en energía, y más de mil kilos de explosivos, además, de 849 kilos de cianuro y mercurio.

Por su parte, Luis Jesús Gamboa Barajas, miembro del comité de defensa del Páramo de Santurbán, dijo “la realidad actual es que quienes nos representan en el gobierno no escuchan al pueblo, se dejan convencer con dineros sin importar las consecuencias ambientales que conlleven”.

“No sirve tener un páramo protegido de suelo para arriba, cuando lo que queda de bajo de él está como un queso lleno de rotos”, explicó Florentino Rodríguez, miembro de la defensa del Páramo de Santurbán.

En el Páramo de Santurbán tiene que haber prelación de los derechos colectivos sobre los derechos de carácter particular como un título minero, enfatiza el geólogo Julio Fierro Morales. /FOTO JORGE WILLIAM SÁNCHEZ LATORRE
En el Páramo de Santurbán tiene que haber prelación de los derechos colectivos sobre los derechos de carácter particular como un título minero, enfatiza el geólogo Julio Fierro Morales. /FOTO JORGE WILLIAM SÁNCHEZ LATORRE

Sobre el mega proyecto

La compañía Mubadala Development Co de Emiratos Árabes compró el 100 % de la minera AUX, de propiedad de Eike Batista, quien actualmente reside en el Complejo Penitenciario de Gericinó (Río de Janeiro, Brasil) acusado por haber pagado comisiones ilegales por 16,5 millones de dólares (más de 44 mil millones de pesos) al exgobernador del estado Río, Sergio Cabral, a cambio de que le adjudicaran contratos públicos y le suministraran información clave para sus negocios. Esta empresa que poseía los títulos mineros sobre el Páramo de Santurbán en el año 2015, actualmente es llamada Minesa S.A.S.

Desde su compra, se encuentra en fase de pre-desarrollo, durante el cual se está encargando una serie de estudios técnicos para asegurar su viabilidad operacional ambiental. Una vez que esté plenamente operativa, el ‘Proyecto Soto Norte’ tendrá el aval para explotar las montañas de California, municipio que se ubica a 51 kilómetros al noreste de Bucaramanga.

El plan que proponen para llevar a cabo su actividad es hacer “un túnel de unos 8 a 10 kilómetros sin afectar el páramo y sus zonas aledañas desde la bocamina a unos 2.640 metros en la zona conocida como La Alta, arriba de California y llegar al sector de Padilla, en Suratá”, dijo Flórez.

Contaminación

Ya que el mecanismo que planean usar es una explotación bajo tierra, el mayor temor de los habitantes del Páramo de Santurbán es la contaminación de las aguas subterráneas que se verían alteradas por el aceite usado, reactivos con sales minerales, aguas de botaderos de productos sólidos residuales.

El ingeniero ambiental, Alirio Cifuentes Vera, quien se especializó en hidrología y miembro del comité directivo de la empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, dijo que “además estos residuos van a parar en las quebradas y ríos de la zona, en diques y lagunas de oxidación, por inadecuado manejo, mal almacenamiento o transporte de insumos líquidos que pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales”.

“La minería subterránea hace que el problema no se vea, no sirve tener un páramo protegido del suelo para arriba, cuando lo que queda debajo de él está convertido en un queso lleno de rotos”, explicó Florentino Rodríguez, miembro de la defensa del Páramo de Santurbán.

Residentes de las zonas aledañas a esta fuente hídrica como Ivonne González, miembro de la Asociación Ambiente y Sociedad en Santurbán, y quien fue vocera en este debate, propuso un cabildo abierto citando a las empresas mineras. “Estamos cansados de que los únicos que estamos pagando los platos rotos somos la comunidad de Soto Norte, no es posible que no haya inversión en la conservación de estas lagunas (complejo hídrico de 26 en total que comprende los municipios de Suratá, California y Vetas). ¿Dónde está el control de las entidades de medio ambiente frente al turismo ilegal que se está presentando?”, planteó.

Agua para todos

El concejal Arturo Zambrano, del partido Centro Democrático, hizo un llamado al AMB a rendir cuentas sobre la planeación que están llevando a cabo para garantizar el mínimo vital de agua en las zonas urbanas de la ciudad. Los habitantes de las veredas Los Santos Bajos, Capilla Baja y La Malaña, presentan quejas por la vulnerabilidad a su derecho fundamental.

A pesar de que existe un acueducto veredal hace más de tres años, no se garantiza el derecho al agua potable, pese al estado de algunas tuberías rotas. “El alcalde Rodolfo Hernández Suárez se comprometió en un consejo comunal con un presupuesto que se destinaría y ejecutaría en el año 2016 y hasta la fecha no vemos ningún procedimiento”.

El Alcalde de Bucaramanga explicó, en un conversatorio sobre la AMB, el pasado 22 de febrero, que se vendería un 3,94% (de las cuales no se registra el valor en pesos) de las acciones del Acueducto para ayudar a pagar las deudas que hay con entidades financieras y que suman unos $170 mil millones, las cuales tienen ahogado financieramente a la empresa.

Rafael Ovalle, presidente del Sindicato del AMB, le pidió al Concejo oponerse a la venta de cualquiera de las acciones, ya que “la seguridad del mínimo vital de agua se debe garantizar con una empresa sólida”.

Por Catalina Serrano Ordóñez.

dserrano849@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga
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