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La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, un malestar que aqueja a las víctimas

Organizaciones sociales piden ser tenidas en cuenta a la hora de escoger profesionales que trabajarán en la CEV y magistrados que integrarán la JEP. Además, solicitan acciones claras para garantizar la no repetición de la violencia.

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Una de las actividades durante el foro Detenidos Desaparecidos, que se realizó en B u c a r a m a n g a el 23 de mayo, consistió en dejar mensajes para sensibilizar a la ciudadanía sobre el delito de la desaparición forzada. /FOTO SILVIA SERRANO.

El decreto 588 del 5 de abril 2017 detalla la organización la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), un mecanismo que busca esclarecer cuáles fueron los orígenes y las causas del conflicto para así promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades de aquellos que participaron en él, así como abrir espacios de diálogo en los territorios marcados por la violencia y escuchar a los distintos actores.

La CEV hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (Sivjrnr), incluido en el Punto 5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Farc, el 24 de noviembre de 2016.

Ver: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, Sivjrnr

scev scev2Sin embargo, organizaciones sociales y víctimas del conflicto alertan sobre los obstáculos que dicho mecanismo deberá afrontar antes de su puesta en marcha, la cual aún no tiene una fecha clara de inicio, pues, como asegura el acuerdo de paz, debía empezar una vez la guerrilla de las Farc entregara completamente las armas, es decir, el pasado martes 30 de mayo, pero, como lo anunció vía alocución presidencial Juan Manuel Santos Calderón, el lunes 29 de mayo, el desarme tuvo que postergarse 20 días más (podría terminar el 21 de junio según fecha del calendario), debido a que se han enfrentado dificultades logísticas en  la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, y como lo han denunciado miembros del secretariado de las Farc, también se han presentado problemas por la presencia de grupos paramilitares que buscan el control de las poblaciones aledañas a las zonas.

Más allá de esto, lo que llama la atención de las víctimas es que en el decreto no se explica de manera detallada cuáles son las acciones que realizaría la Comisión para garantizar la no repetición de los hechos de violencia; es decir, que actos como la desaparición forzada, particularmente, no se vuelvan a repetir.

Así lo dio a conocer el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Alberto Yepes, durante el Foro Detenidos Desaparecidos que se realizó en la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Bucaramanga, el 23 de mayo, como parte de la programación de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

“Veamos que en el nombre mismo de la Comisión está el tema de la no repetición. Pero si uno lee el decreto (…) no hay allí contempladas cuáles serían esas medidas de no repetición. Es decir, no desarrolla el contenido del título mismo y parece que su énfasis estuviera solamente en el tema de la verdad y que la verdad automáticamente llevara a la convivencia”, aseguró Yepes.

De acuerdo con el informe ‘hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el país se registran 60.630 desaparecidos. /FOTO SILVIA ESPERANZA SERRANO
De acuerdo con el informe ‘hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica,
en el país se registran 60.630 desaparecidos. /FOTO SILVIA ESPERANZA
SERRANO

Algunas víctimas representadas por la coordinadora general de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Aura María Díaz Hernández, manifestaron su intranquilidad, pues, aunque se firmó el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, y están en marcha las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en Quito, Ecuador, se siguen presentando casos de desaparición de personas en distintas zonas del país. Vale precisar que este delito ha dejado 60.630 desaparecidos forzosamente entre 1970 y 2015, según el informe Hasta Encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“Nos asalta esa preocupación de que los casos se vayan a quedar en la impunidad, ya que, en la transición, mientras se instala la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, siguen ocurriendo desapariciones forzadas que están siendo desdibujadas por las mismas autoridades. Dicen que apareció un hombre desmembrado, a los 15 a los 20 días, y eso es una desaparición”, dijo Díaz Hernández.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (Ubpd), que es uno de los mecanismos que hace parte del Sivjrnr y que entró a regir el 5 de abril de este año con el decreto 589, diseñará un plan nacional y otros regionales de búsqueda y trabajará en cooperación con la CEV para el intercambio de información.

Y aunque Asfaddes colaboró en su construcción y sigue de cerca su proceso, el tiempo que pase hasta que se vean las primeras acciones y resultados de la Unidad es un tema que inquieta a las familias que guardan la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“Nos preocupa también el tiempo que transcurra en que se instale completamente la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Qué va a pasar con las exhumaciones que tenemos pendientes, con las pruebas de ADN que se han tomado y los que están por entregar. Cómo va a ser eso (…) A nosotros no nos han reparado integralmente, a unos cuantos les han dado unos tres pesos, pero esa no es la reparación integral (…)”, afirmó Díaz Hernández.

Su angustia también se justifica en el aumento de los ataques a líderes y defensores de derechos humanos en el primer trimestre del año. Entre enero y marzo, el Sistema de Información de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, Colombia registró 193 agresiones individuales, de las cuales 20 fueron asesinatos, cifra que superó en 80 los ataques.

Jaime Humberto Rojas, víctima de Cimitarra, Santander, hizo la petición que se hiciera el seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos y dijo que en su caso “la Fiscalía siempre me ha dado la misma respuesta de que es imposible. El cuerpo de mi hija se encuentra aquí, en Bucaramanga, fue asesinada en San Vicente de Chucurí. Allá nos dieron la información de que viniéramos a buscarla. Un fiscal de Bucaramanga me llamó y me dijo que era imposible”.

Otros obstáculos que enfrentaría la CEV
De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “la verdad es garantía de no repetición”, pero no se puede desconocer que el Estado colombiano también ha sido responsable de la violencia ejercida contra la población civil y que organismos como el extinto Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la doctrina de seguridad instaurada entre los años 2003 y 2008, igualmente persiguió, hostigó y estuvo comprometido en la desaparición de líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de partidos de oposición a los gobiernos de turno, e incluso, de periodistas.

Es por esto que, como asegura Alejandra Gaviria Serna, vocera nacional de Movice, se debe desclasificar la documentación de inteligencia y contrainteligencia ante la CEV, especialmente, como garantía de verdad, memoria y la no repetición.

Pero, ¿hasta dónde es posible que esto ocurra? Mientras el tema avanza, las organizaciones sociales también han expresado preocupación ante el fallo dado por la Corte Constitucional y la participación del Congreso a la hora de tomar decisiones en materia de implementación del acuerdo de paz vía fast track. Para Gaviria, si bien es cierto se está anteponiendo el derecho a la paz, “también se debe demostrar un compromiso frente al tema”.

La organización Asfaddes asegura que en Colombia se siguen registrando casos de desaparición forzada, pero no son registrados por las autoridades como tal. /FOTO MARÍA FERNANDA ACEVEDO
La organización Asfaddes asegura que en Colombia se siguen registrando casos de desaparición forzada, pero no son registrados por
las autoridades como tal. /FOTO MARÍA FERNANDA ACEVEDO

De otra parte, a las 17 organizaciones que integran lo que se conoce como La Mesa por la Verdad, la cual se conformó para hacer acompañamiento antes y durante la instalación de la CEV, les inquieta su futura participación en el mencionado organismo, cuya elección de los miembros estará a cargo del Comité de Escogencia que se instaló el 18 de abril, en Bogotá.

El Comité, de “carácter independiente e imparcial”, está compuesto por Diego García-Sayán, representante del Secretario General de Naciones Unidas; José Francisco Acuña, en representación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Álvaro Gil Robles, designado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Claudia Vacca González, como delegada de la Comisión Permanente del Sistema de Universidades del Estado, y Juan E. Méndez, del Centro Internacional de Justicia Transicional (Ictj).

Además de los 11 representantes que integrarán la CEV, los cuales tendrán seis meses de preparación para poner en funcionamiento todo el aparato que este mecanismo requiere para operar durante tres años, el Comité de Escogencia también deberá seleccionar al director de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Gaviria asegura que La Mesa por la Verdad confía en la experiencia de los que integran el Comité, pero “las víctimas, como el centro del Acuerdo de Paz, esperamos hacer parte de la escogencia del personal que liderará todos estos mecanismos, para que el proceso de escogencia sea legítimo ante la sociedad colombiana y se vaya generando la confianza necesaria para el trabajo de la CEV”.

Así lo expresaron a la Comisión por medio de una carta que fue entregada en abril. En nueve puntos pidieron tener en cuenta
ciertos criterios a la hora de elegir magistrados para la JEP y comisionados para la CEV.

Entre estos figura la apertura de convocatorias públicas regionales y nacionales, con plazos establecidos para la selección del personal, así como la participación de la ciudadanía a través de sugerencias, el enfoque de género y la interdisciplinariedad profesional. Asimismo, el punto relacionado con la imparcialidad en el proceso, pide que los candidatos “no pueden ser ex miembros o miembros de las Farc, de agencias de seguridad e inteligencia del Estado (como el desaparecido DAS), desmovilizados de grupos paramilitares o estructuras criminales.

“Las víctimas deben tener la oportunidad y los espacios para hacer reparos a la posible selección de candidatos propuestos con base en hechos probados de actuaciones en contra de los derechos de las víctimas y los Derechos Humanos”, expresa la comunicación.

Se necesitan garantías
Alberto Yepes expresó que para generar garantías de no repetición es necesario que la sociedad colombiana discuta el tema y que este asunto, así como fue abordado en la negociación entre el Gobierno y las Farc, también se trate en el proceso con el Eln, ya que fue el capítulo que le faltó a la negociación adelantada en La Habana, Cuba. También, dio algunas sugerencias que, según él, son fundamentales si la CEV no quiere reducirse a una nueva frustración de las esperanzas de la sociedad.

“El informe que entregue la Comisión de la Verdad, más que escarbar en los hechos dolorosos, debiera poder concluir con una batería fuerte de garantías de no repetición, de reformas a las instituciones, de reformas constitucionales, legales, a las prácticas administrativas, para que la sociedad no vuelva jamás a caer en esta situación que nos llevó 60 años de conflicto para poder superarla”, recomendó Yepes.

Aunque la función número cinco de la CEV consiste en la elaboración de dicho informe final, que incluiría las garantías de no repetición, para el funcionario el enfoque debería estar en este tema. Igualmente, criticó el corto periodo de duración que podría limitar el trabajo y los esfuerzos puestos en el conocimiento de la verdad sobre el conflicto armado.

“El periodo de la Comisión de la Verdad no termina con los tres años de funcionamiento, un periodo que de por sí es bastante limitado. Estas garantías de no repetición deben ser ofrecidas en primer lugar a las víctimas y a quienes resultaron ser afectados por las prácticas genocidas y de violencia sociopolítica y en general a toda la sociedad que debe poder contar con indicaciones sobre cómo reformarse a sí mismas y cómo reformar sus instituciones para impedir que vuelvan a repetirse en el futuro las atrocidades”, concluyó Yepes.

Por Silvia Esperanza Serrano
sserrano503@unab.edu.co

Xiomara K. Montañez Monsalve
xmontanez@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga
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