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Minería en Cauca. /Foto tomada del Espectador.com

Las comunidades de los municipios de Jesús María y Sucre, de la provincia de Vélez, en Santander, solicitaron la aplicación de una consulta popular para rechazar la minería en sus territorios. EL Tribunal Administrativo de Santander y la Registraduría General del Estado Civil aprobaron la solicitud: en Jesús María se realizará el domingo 17 de septiembre y en Sucre, la fecha aún está por definir.

La preocupación de los habitantes radica en que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) aprobó en 2013 una licencia ambiental para la explotación de piedra caliza en 699 hectáreas del lugar conocido como Peña de Órganos, sin haber hecho revisión del área y sin tener en cuenta el inventario ambiental, compuesto por el nacimiento de 27 fuentes hídricas que abastecen a ambas poblaciones, y los bosques que conservan especies nativas. La CAS no se pronunció al respecto y desatendió la solicitud para revocar la licencia ambiental.

Ante la situación, los alcaldes y concejos municipales decidieron convocar a consulta popular para rechazar la minería en sus territorios, debido a que es un ecosistema estratégico, cuya área comprende el 95 % de la jurisdicción de Sucre y 5 % de Jesús María.

Explotación de Minerales en Santander

La minería de caliza en el departamento de Santander es la principal fuente de explotación, los yacimientos relacionados con el mineral son el principal insumo de materiales de construcción para las empresas Argos, Caliza y Minerales de Santander.

A pesar del rechazo que manifiestan los habitantes de Jesús María y Sucre por la explotación de este mineral, Palmar, Socorro y Guadalupe sí poseen licencia ambiental en 197 hectáreas.

Hoiber Fabián Patiño Bandera, geólogo traductor de la compañía procesadora Pronico, le contó al Periódico 15 cómo es el proceso de explotación de caliza.

Según explicó, la explotación se hace a cielo abierto con la maquinaria adecuada; se extrae el mineral, se tritura y se clasifica por pulgadas. “Cuando se saca de la mina, el mineral es carbonato de calcio, por lo que hay que quemarlo para sacarle el carbono en combustión. Luego de tener la piedra caliza, se muele para que quede en polvo. Finalmente, con corriente de aire se da el tamaño de cada partícula”.

Estos son otros de los minerales que hacen parte del proceso de explotación minera en Santander:

Impacto ambiental

En el caso de Santander, la minera representa un sector importante para la economía del departamento, ya que según un reporte de la Cámara de Comercio, sobre el PIB (Producto Interno Bruto), desde el 2015 hasta este año ha tenido un incremento del 4,8 % en su participación en actividades de minería, con mayor presencia en la explotación de oro, caliza y carbón.

La actividad minera se da en la zona rural de Bucaramanga, cerca a los ríos Lebrija, Suratá y Río de Oro; y según Julio Mario Torres Cardozo, ingeniero ambiental, la explotación de estos recursos naturales genera un impacto ambiental a partir de su extracción, lo que no se debe desconocer.

“Esta actividad minera deja como consecuencia el lavado de grandes extensiones de suelo, una vasta deforestación de los suelos y un impacto ambiental a largo plazo que podría ocasionar derrumbes”, afirmó el ingeniero.

Según un informe de Impactos Ambientales de la Minería en Colombia, uno de los mayores impactos que genera la extracción de oro es la disminución de las corrientes hídricas aledañas a las zonas de extracción de la minería, ocasionando muertes en las especies acuáticas e intoxicaciones en los sectores rurales.  

Torres Cardozo también afirma que “la extracción de caliza para la industria del cemento genera daños en la salud de los habitantes de las zonas aledañas, debido a la emisión de partículas que pueden ser aspiradas, y por la liberación de gases incoloros y tóxicos (monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno) producidos en el momento de secado e incineración de los hornos”.

Patiño Bandera, como geólogo y director en procesos de extracción, también afirma que se genera una degradación del terreno, quema de la vegetación y contaminación del agua.

Además, en municipios como San Vicente de Chucurí, Cerrito y Concepción la contaminación de los cuerpos hídricos se da por el vertimiento de ácidos en el proceso de lavado de carbón. Este proceso también deja daños irremediables de deforestación y problemas respiratorios en los obreros de las minas y la población aledaña, a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Minas y Energías de Colombia.

Sin embargo, “el impacto ambiental se justifica si los entes gubernamentales y las empresas explotadoras invierten regalías obtenidas de la actividad minera, creando y ejecutando planes de gestión ambiental”, agrega Torres Cardozo en el informe.

¿Por qué una consulta popular?

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca a la población a decidir sobre un tema de trascendencia o interés nacional, departamental, municipal o distrital, “para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio”, como asegura la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Anteriormente a la Constitución de 1991, las consultas populares solo eran de carácter municipal o local. Sin embargo esto cambió. Para el caso particular de Jesús María y Sucre, se decidirá sobre si se debe o no adelantar procesos de explotación minera.

En la ley 136 de 1994 se expresa explícitamente el uso del mecanismo en caso de la transformación del suelo de un municipio, lo que sería la justificación para que los 44 municipios adelanten el proceso.

ARTÍCULO 33. USOS DEL SUELO. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

PARÁGRAFO. En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

Según Leonardo Acosta Arengas, abogado y candidato a especialista en derecho comercial, “se entiende como una decisión obligatoria del pueblo cuando la pregunta que se ha hecho obtiene la mitad más uno de los votos válidos, siempre y cuando haya participado el 30 % de los electores que componen el censo electoral”. Por tanto, la alcadía de cada municipio deberá aceptar la decisión que se tome en las consultas populares.

Agrega que esta es una medida a la que recurren los alcaldes para evitar tomar decisiones que luego podrían generar inconformidad en la ciudadanía. “Las organizaciones no gubernamentales empiezan el voz a voz y el alcalde prefiere pedir que sea el pueblo el que decida si aprueba los procesos de explotación minera o no”, afirma Acosta Arengas.
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En el resto del país

Actualmente, 44 municipios en el país buscan definir la continuidad de los proyectos mineros a través de consulta popular, dado que la Corte Constitucional sentenció que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.

De los municipios que adelantarán consulta popular 25 están relacionados con proyecto mineros, 16 con proyectos petroleros y 3 con proyectos de energía.

Algunos municipios como Jericó (Antioquia), Pijao (Quindio), Paujil (Caquetá), Cumarral (Meta), Támesis (Antioquia), Cajamarca (Tolima), Arbeláez (Cundinamarca), Tauramena (Casanare), Cabrera (Cundinamarca) y Piedras (Tolima) ya aplicaron la consulta popular y dijeron no a la minería en sus territorios.

De otra parte, municipios como Pasca (Cundinamarca), Fusagasugá (Cundinamarca), Carmen de Chucurí (Santander) y La Vega (Cauca)  están esperando acudir a las urnas.

Más allá de los casos de municipios que se oponen a las actividades mineras, en California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, de la provincia Soto Norte, en Santander, promueven el desarrollo de la minería sin riesgo, basándose en ellos como parte fundamental de la economía en cada comunidad.

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Minería y economía

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) publicó un comunicado oficial el 5 de junio de 2017 en donde calificó de inapropiado el uso de las consultas populares, y en donde defendió la industria petrolera como actividad fundamental para el país, ya que representa el 7 % del PIB de Colombia y genera más de 95.000 empleos directos e indirectos.

Además hizo un llamado al gobierno para que lidere el diálogo con la Corte y el Congreso y se defina la continuidad de los proyectos en materia de hidrocarburos, ya que por las 44 iniciativas contra el sector minoenergético se podrían perder 84.000 barriles diarios de producción, equivalentes al 10 % del promedio de producción en el primer trimestre del año.

“Nos preocupa que estas iniciativas escondan intereses políticos y posiciones ideológicas que atentan no solo contra el sector, sino, contra el modelo económico del país”, agrega el comunicado, ya que la ACP calcula que por cada 100.000 barriles que se dejen de producir en un año el gobierno y las regiones dejarían de recibir, por lo menos, 570.000 millones de pesos por renta petrolera, “tendríamos menos recursos de inversión, una balanza comercial deficitaria y, ante todo, más impuestos para los colombianos”, afirmaron.

El uso de la consulta popular se entiende como que el pueblo tenga voz y voto en el tema, y de acuerdo con la decisión de la corte se entiende como una herramienta para la protección medioambiental. No obstante, el tema que discute la Asociación Colombiana del Petróleo y las administraciones municipales es el efecto sobre los ingresos fiscales del país que están relacionados con la economía y el desarrollo.

Por Fernanda Sandoval S. 
msandoval356@unab.edu.co

Vannesa Pabón L.
jpabon705@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga