Inicio Conflicto La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare reclama mayor intervención estatal

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare reclama mayor intervención estatal

Integrantes de la Asociación afirman sentirse excluidos de los diálogos de paz, pese haber sufrido la violencia por dos bloques de las Farc al mando de ‘Pastor Alape’. Sus tierras no tienen títulos y el abandono estatal persiste en la región.

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Mauricio Hernández Hernández, vicepresidente de la ATCC, quien afirma que posiblemente debido a que se desintegraron los bloques de las Farc en el territorio, no fueron tenidos en cuenta en los diálogos de La Habana. / FOTO CRISTIAN EDUARDO BELTRÁN

El suroccidente del departamento de Santander vivió la presencia de los frentes 11 y 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, durante la primera mitad de la década de los 80. Al mando de estos frentes estuvo Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, integrante del equipo negociador de esta guerrilla durante los diálogos y posterior firma de la paz con el Gobierno nacional.

Junto a las Farc, estuvieron en el territorio las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Ejército Nacional. Los grupos armados y la fuerza estatal intimidaban y sembraban el terror a los pobladores de la zona, pero ellos lograron resistir los ataques y desplazar a los actores violentos mediante la defensa pacífica del territorio, trabajo que les mereció el ‘Right Livehood Award’, conocido comúnmente como el Nobel Alternativo de Paz, que recibieron en 1990.

“Un capitán del Ejército llamado Mauricio Betancur le da una alternativa a la gente: Irse a las guerrillas, unirse a los paramilitares, salir de la región o morir; y los campesinos que crearon la ATCC dijeron: ‘No queremos irnos, no queremos morirnos, no nos queremos unir a esos actores’”, recuerda Mauricio Hernández Hernández, vicepresidente de la Atcc.

Con la misma pujanza que tuvieron para desplazar a los actores armados de la región en los años 80, la comunidad reclama al Gobierno nacional que, como víctimas del conflicto armado, les resuelva la situación de informalidad en la que se encuentran cerca de 85 mil 500 de las 95 mil hectáreas que poseen los miembros de la Atcc, y que sea atendido el abandono estatal del que han sido sujetos.

La titulación y uso de tierras

Anaís Vanessa Castrillón Cano es la secretaria ejecutiva de la Asociación. Ella afirma que “con la expedición de la ley segunda de 1959, que fue cuando el gobierno nacional, tras un escritorio, pretendió proteger algunas zonas del territorio ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los campesinos no pueden tener nunca titulación frente a las parcelas o tierras que poseen”. Esta situación les ha impedido beneficiarse de los proyectos que la Atcc ha gestionado.

Según Castrillón Cano, la región adyacente a los ríos Carare y Opón hace parte de las zonas de reserva protegidas Serranía de las Quinchas y Cuchilla del Minero. Ella sostiene que nunca se han opuesto a que su territorio sea zona de reserva protegida, pero que “el gran problema que tenemos nosotros es que la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander), es la que tiene corresponsabilidad en la preservación de esas áreas y nunca les ha hecho planes de manejo, es decir que eso no nos ha permitido conocer en exactitud qué uso se les puede dar a esas tierras”.

La compra de predios para ganadería extensiva es otra de las inquietudes que tienen las directivas de la Atcc: “Hay muchas veredas que han desaparecido, por el tema de que las tierras ya han sido compradas por grandes terratenientes; y eso nos tiene realmente preocupados”, comenta la secretaria ejecutiva de la Asociación.

Como consecuencia de la expansión de la frontera ganadera, las tierras más fértiles se están acumulando y ello ha fomentado también el desempleo. Según Mauricio Hernández Hernández, “la ganadería está fomentando el desempleo, lo que más está generando empleo de la agricultura; un ganadero con cien o doscientas hectáreas puede tener 200 o 300 reses, y genera por ahí dos empleos; mientras que un campesino agricultor en una hectárea de papaya está generando 20 o 30 empleos”.

“No nos tuvieron en cuenta en La Habana”

Aproximadamente, 7 mil campesinos de 36 veredas de los municipios de Cimitarra, Bolívar, Landázuri, Sucre, El Peñón y La Belleza (provincia de Vélez), residen actualmente en la zona de influencia de la Atcc, fundada el 21 de mayo de 1987, a raíz del constante amedrentamiento de los grupos armados. El 10 de mayo Del mismo año, once días antes de la fundación de la Asociación, 36 habitantes de la zona dialogaron con Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’ y Virgilio Antonio Vidal, alias ‘Silver’, comandantes de los dos frentes de las Farc, logrando que cesaran los ataques a la población civil.

Pero los grupos armados continuaron su presencia en la zona: “Esa tranquilidad vino a afectarse otra vez en 1999 cuando entraron los cultivos ilícitos de coca en la zona, promovidos por algunas células de las Farc que habían todavía, pero también apoyados por las Auc”, relata Mauricio Hernández Hernández.

Pese a haber sufrido la violencia de los actores armados, el vicepresidente de la Asociación afirma que “a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta para ese tema (diálogos y firma de la paz con las Farc), inclusive, desde que se empezó a hablar en La Habana, Cuba, aquí estuvimos solos en esa parte”.

Con la lucha pacífica de los campesinos, los bloques 11 y 23 de las Farc se disolvieron, en 2005 la desmovilización de las Auc permitió que los pobladores de la región tuvieran tranquilidad y no se volvieran a presentar hechos de violencia ni extorsiones.

Eduardo Vásquez Celis vive en la vereda Cobaplata de Cimitarra, él recuerda que “una vez vino alias ‘Maicol’, que era un criminal, pasando casa por casa pidiendo ‘vacuna’ por las vacas y hectáreas de tierra que tuviéramos, pero luego de eso fuimos a la ATCC y allá intervinieron para que nos dejaran en paz”.

Mauricio Hernández Hernández comenta que “es difícil llegar a todos los colombianos, pero sí ojalá se hubiera llegado a un alto porcentaje de las víctimas en Colombia para que el proceso hubiera sido más nutrido. De todas maneras, valoramos lo que sucedió”.

 

Por Cristian Eduardo Beltrán

cbeltran193@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga