Inconsistencias en estudio millonario retrasan el proceso de la legalización de barrios

Inconsistencias en estudio millonario retrasan el proceso de la legalización de barrios

1.650 millones de pesos le costaron a Bucaramanga los Estudios Detallados de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa e Inundaciones (Edarfri) que por inconsistencias ralentizan el trámite de formalización de 31 barrios.

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Los asentamientos humanos se diferencian de las invasiones porque sí les pertenece el terreno en el que se radican. Su informalidad está en que no poseen los permisos para construir. / FOTO JONATHAN ARLEY MÉNDEZ ESPÍNDOLA

Mediante el contrato 434, que se firmó en noviembre 11 de 2014, la Administración Municipal de Luis Francisco Bohórquez Pedraza le adjudicó a Camvhil S. A. S., empresa que realiza actividades de ingeniería, arquitectura y consultoría técnica, el diseño de la planificación urbana, el estudio de vulnerabilidad social y el Edarfri de Paisajes del Norte, Altos del Progreso, Villa María, Conquistadores, Olas altas y Olas Bajas, Las Hamacas, María Paz, El Rosal, Villa Mercedes, Los Guayacanes, Rincón de la Paz y Mirador Norte; todos ellos, barrios en trámite de legalización.

“En esta nueva administración nosotros encontramos que ya había unos estudios y unos planos topográficos que estaban ahí. Entonces, nos pusimos en la tarea de ver si realmente eso estaba correcto. (…) Fuimos al campo a mirar y resulta que estaban equivocados”, afirmó Édgar Norberto Mateus Lugo, subsecretario de la Secretaría de Planeación.

A pesar de que el contrato se ejecutó entre noviembre 11 de 2014 y junio 24 de 2015, con una suspensión de actividades entre enero 30 y marzo 19, en el archivo del Grupo de legalización de asentamientos humanos, perteneciente a la cartera mencionada, están los borradores y no los Edarfri finales que permitieron el inicio de los procesos de formalización.

Según la revisión del Grupo de legalización de asentamientos humanos, en los documentos encontrados de Camvhil S. A. S. no existe la evidencia y los ensayos de laboratorio que se exigen para un Estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa e Inundaciones. Además, se halló que las medidas de los planos diseñados no concuerdan con el trabajo de campo realizado por el despacho.

Aunque algunas resoluciones adoptadas entre 2013 y 2015 ordenaron que 31 asentamientos en la ciudad fueran considerados como barrios, esto no significa que hayan sido legalizados, sino que adquirieron el derecho de iniciar el trámite para lograrlo. Ninguno de ellos lo ha finalizado. Las falencias encontradas en los documentos dilatan el trámite, debido a que no se puede continuar sino hasta cuando sean aprobados.

Mateus Lugo aseguró que cada barrio en proceso de legalización al que Camvhil S. A. S. le hizo el Edarfri tendrá que contratar un nuevo estudio, cuyo valor está entre 60 y 80 millones de pesos, si dicha empresa no se responsabiliza por lo ocurrido.

Situación en la Comuna 10

Además de determinar en qué nivel de amenaza está cada sector, en el Edarfri se incluyen las obras de mitigación de riesgo y el presupuesto de las mismas.
Además de determinar en qué nivel de amenaza está cada sector, en el Edarfri se incluyen las obras de mitigación de riesgo y el presupuesto de las mismas. / FOTO JONATHAN ARLEY MÉNDEZ ESPÍNDOLA

En este sector, conformado por once barrios, solo están legalizados San Luis, Diamante, Fontana y Provenza. Por su parte, Brisas de Provenza, Cristal Alto, Cristal Bajo, Granjas de Provenza, Viveros de Provenza y Luz de Salvación I están en el trámite de formalidad.

Aunque el Estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa e Inundaciones de estos últimos fue realizado por el Consorcio Edarfri y no por Camvhil S. A. S., el procedimiento para lograrlo también se afectó debido a que el Grupo de legalización de asentamientos humanos encontró que en estos documentos faltaban algunas firmas de los profesionales que los realizaron.

Al no estar completamente formalizados, la Administración Municipal no puede invertir en estos barrios. Los problemas en este sector van desde la precariedad de los servicios básicos hasta la inseguridad.

Las aproximadamente 300 viviendas que conforman Brisas de Provenza están conectadas a dos pilas públicas, desde donde se abastecen de agua potable. El líquido se almacena en tanques, lo cual ocasiona la proliferación de zancudos. Debido al terreno inclinado de este barrio, las casas de la parte superior solo reciben agua en las noches y en las madrugadas. “Como es tan poquita, la única manera de que llegue es cuando la gente se acuesta a dormir y cierran las llaves de las casas. Así llega a las otras”, afirmó Moisés Ruiz Riveros, presidente de la junta de acción comunal del sector desde hace 14 años.

Al no tener inversión de la Administración Municipal, los barrios en proceso de formalización construyen sus propias vías, redes de alcantarillado y tuberías para acceder al agua. / FOTO JONATHAN ARLEY MÉNDEZ ESPÍNDOLA.
Al no tener inversión de la Administración Municipal, los barrios en proceso de formalización construyen sus propias vías, redes de alcantarillado y tuberías para acceder al agua. / FOTO JONATHAN ARLEY MÉNDEZ ESPÍNDOLA.

En Viveros de Provenza, 60 de las 113 viviendas no cuentan con servicio de gas debido a que la zona en que se encuentran está en alto riesgo. Por esta razón, casi la mitad de las casas adquieren mensualmente cilindros con el fluido. “Una de las razones que nos dice Gas Oriente es que cuando la Alcaldía nos haga las obras de mitigación, ellos nos brindan el servicio”, señaló Elsa Esperanza Cáceres Carvajal, presidente de acción comunal del barrio.

Por no estar legalizado, algunas casas de Granjas de Provenza pertenecen a un mismo globo de extensión; es decir, los lotes donde se ubican están registrados como si fuera uno solo. “¿Sabe qué es lo que pasa cuando estamos englobados? Que si a mi vecino se le da por hacer un préstamo y no paga, embargan todo el predio”, aclaró la presidente de la junta de acción comunal del barrio, Sonia Lucía Solano Rodríguez.

Proceso para legalizar un asentamiento
Con el acuerdo 048 del 09 de enero de 2015, el Concejo de Bucaramanga facultó a la Administración Municipal para “legalizar y titular las viviendas que se hayan construido en terrenos de propiedad” de la ciudad. Después, la Secretaría de Planeación desarrolla la resolución de inicio de formalización, con la que se pasa de asentamiento a barrio. Y cuando se cumplen con todos los requerimientos, se otorga la resolución de legalización final.

Para llegar a esta última, cada barrio debe entregar un estudio de títulos, un plano topográfico georreferenciado y un Edarfri. Además, debe hacer el urbanismo, que implica un estudio de las áreas públicas y privadas y realizar el desenglose de las afectaciones viales, las áreas verdes y las cesiones tipo A, que son las zonas que se convertirán en bienes públicos. Se proporciona un plano de nomenclatura. Luego, se desarrolla una resolución final y regularización, que es un plan parcial que se anexa al sistema urbano de la ciudad. Se hace la titulación, lo que  incluye el desenglobo y el juego de plantas. Esto se pasa a una notaría. De allí se envía a registros públicos, de donde sale el folio de matrícula de globos independientes. Por último, se realiza la entrega de las áreas de cesión al municipio; es decir, las áreas que pasan a ser públicas. Cuando se completa este procedimiento, el barrio queda totalmente legalizado.

Por Jonathan Arley Méndez Espíndola                                   Jmendez171@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga