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Prejuicios y estereotipos, principales barreras que afectan a las víctimas de la violencia sexual del conflicto

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), la mitad de los afectados por el conflicto armado son mujeres, es decir, 4 ,07 millones. De este porcentaje el 0,49 % son víctimas de violencia sexual. En Santander se presentan 390 casos

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Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Santander cuenta con 390 casos de víctimas de violencia sexual del conflicto armado. /FOTO DAYANNA VERJEL

Yinérida Hernández Morales es una piedecuestana que padeció actos en contra de su integridad durante el conflicto armado. Mientras se desplazaba junto a su hija por la vía que conduce a Saravena con Auraquita, dos soldados las detuvieron en un retén y las abusaron sexualmente. “Me violaron frente a mi hija. Les rogué que no lo hicieran porque estaba en estado de embarazo, les suplicaba que no tocaran a mi niña, pero no pude impedir que también la violaran” relata Hernández.

Después de 20 años y tras recibir ayuda psicosocial en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se convirtió en la líder de la Organización Mujeres Valientes (Ormuva) de Piedecuesta, que trabaja con víctimas de violencia sexual o de desplazamiento forzado.

Dentro de la entidad las mujeres reciben ayuda y asesoraría sobre el proceso que deben llevar para denunciar los actos que las afectaron. Además, para acceder a las medidas de atención y reparación integral que les garantiza el Estado, a través de la ley 1719 de 2014, así como algunas disposiciones plasmadas en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En la ley se marcan los estándares de investigación, la metodología y los castigos que se deben proporcionar en este tipo de delitos, y en el Acuerdo de Paz se fijan los parámetros para brindar la atención inicial y se prevé que los hechos de violencia sexual configuran como delitos de lesa humanidad, es decir, que no son amnistiables, por lo que para esos casos se deben aplicar las penas privativas correspondientes.

No obstante, a la hora de hacer efectivos estos mecanismos las víctimas enfrentan barreras e inconvenientes que terminan por revictimizarlas, en la mayoría de los casos.

La falta de conocimiento sobre los mecanismos que existen para restituirles sus derechos es una de ellas. “Muchas de las mujeres que llegan a la organización y que provienen del sector rural, no saben qué leyes o instituciones les favorecen para obtener la atención y reparación adecuada”, afirma María Zoraida Prada García, líder de la Asociación de Mujeres y Paz de Bucaramanga (Asomuypaz).

La falta de sensibilidad y buen trato por parte de algunos funcionarios hacia las mujeres que se animan a denunciar es otra de las dificultades que se identifican en materia de atención, como lo resalta Hernández Morales, quien es representante municipal de las víctimas de violencia sexual en su municipio. “Esto no se trata de tenerle lástima a las víctimas. Los funcionarios deben tratarlas con el respeto y la humanidad que se merecen”, añade la representante.

Asimismo, señaló que a veces a las víctimas no se les atiende con la diligencia y urgencia necesaria: “A las mujeres que llegan del campo las dejan toda la mañana esperando, sin desayuno, sin almuerzo o un vaso de agua. Tampoco les dan indicaciones claras con respecto a sus procesos”.

Diana Esther Guzmán Rodríguez, especialista en derecho constitucional, dice que “una de las barreras que enfrenta las afectadas es la falta de recursos para desplazarse a los sitios donde se les pueden brindar estas medidas”. Señala que “las mujeres se enfrentan a una serie de prejuicios y estereotipos culturales que están arraigados en algunos funcionarios y miembros de la sociedad colombiana”, lo que en ocasiones les puede imposibilitar recibir un buen trato.

“Los delitos de violencia sexual que se derivan del conflicto armado deben ser tratados como una urgencia”, afirma la fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), Yvonne Rocío Márquez Muñoz.

Según explica, los funcionarios tienen que reconocer estos delitos como una prioridad a la hora de recibir las denuncias, empezar el proceso judicial y garantizar la ayuda psicosocial necesaria para que las mujeres traten con los hechos victimizantes. De igual forma, manifiesta que dentro de las instituciones se debe capacitar constantemente a los encargados, pues estos en ocasiones no conocen la forma en la que tienen que proceder ante estos casos y no les dan la importancia necesaria.

En cuanto a la ayuda psicológica que se le debe brindar a esta población y a pesar que el Estado establece que la atención es prioritaria al interior de las instituciones de salud del régimen contributivo o subsidiado, las mujeres enfrenta otra realidad: muchas no pueden conseguir esta ayuda, y las que sí lo obtienen reciben consultas cada mes o dos meses, y no logran realizar un proceso que les permita afrontar realmente la situación de la que fueron víctimas.

“No hemos tenido un programa de psicología realmente bueno. Lo que hacen es darnos dos o tres sesiones y se acabó; por lo que no tenemos la posibilidad de sanar las heridas que nos dejó el conflicto”, afirma Lisbelia María Carreño, representante municipal de las víctimas de violencia sexual del conflicto armado en Bucaramanga.

Problemas en cuanto a la reparación

Pese a que el Gobierno Nacional busca reestablecer los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual mediante una indemnización económica y un acompañamiento con programas sociales, que les permitan reincorporarse de forma activa dentro de la sociedad, el proceso es lento y presenta fallas. Por ejemplo, las víctimas tienen que esperar periodos extensos para recibir la reparación monetaria.

“Hay mujeres dentro de mi organización que aunque hicieron las denuncias y se hizo el proceso de investigación necesario. Llevan entre 5 y 7 años esperando que se les repare económicamente”, comenta María Prada.

También menciona que, a pesar de las capacitaciones que brinda el Gobierno a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) como proyectos de emprendimiento que son un acierto, no se considera que algunas mujeres carecen de los recursos necesarios para asistir, no cuentan con el dinero para movilizarse o disponer de un día de trabajo.

Adicionalmente existen otras barreras indirectas como la falta de recursos o funcionarios a la hora de realizar la investigación, ya que los procesos penales se retrasan o se estancan debido a la ausencia de los mismos. “En el país hay un déficit grande de funcionarios públicos para llevar la carga de todo lo que ocurre”, dijo la fiscal Yvonne Márquez al explicar que debido a estos obstáculos a veces a los casos no se les brinda la atención apropiada.

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¿Qué se debe hacer para superar las dificultades?

Para afrontar las barreras es necesario que “no solo el gobierno realice capacitaciones, sino que las víctimas se empoderen y busquen información sobre el tema”, afirma Yinérida Hernández.

“Hoy día existen espacios para que las autoridades se instruyan en el trato a las víctimas de violencia sexual”, asegura Susana Quiroz, al destacar que la educación respecto a los temas del conflicto y sus normativas, son responsabilidad tanto de las instituciones como de los funcionarios que laboran en ellas.

Finalmente, señala que, en cuanto a los procesos de atención, investigación y reparación es necesario que el “Estado realice una inversión presupuestal que permita agilizarlos”.

Diana Guzmán agrega que existe un subregistro de víctimas de violencia sexual, pues muchas mujeres no denuncian esta situación. Ante esto, lo que se debe hacer es “educar a la ciudadanía para evitar que se sigan reproduciendo estereotipos sociales que cohíban a las víctimas de acceder a la justicia y a las medidas que les corresponden”.

 Un espacio de reconciliación y esperanza

Yinérida Hernánez Morales, representante de las víctimas de violencia sexual de Piedecuesta. /FOTO HAYLER PEÑARANDA
Yinérida Hernánez Morales, representante de las víctimas de violencia sexual de
Piedecuesta. /FOTO HAYLER PEÑARANDA

Como un espacio de reconciliación y esperanza definió Yinérida Hernández el encuentro que tuvieron las seis mil víctimas del conflicto Armado con el papa Francisco, el jueves 8 de septiembre en Villavicencio. “Cuando me llamaron de la Unidad de Víctimas de Bogotá no podía creer que iba a ir ese evento”, recuerda Hernández.

Después de que su participación estaba asegurada, el viernes 8 de septiembre se desplazó hasta el parque Las Malocas en donde tuvo lugar la actividad. Una vez allí, “en medio del calor, intenso que hacía, víctimas de todos los lugares del país vimos, a través de la pantalla que acondicionaron, las palabras y la misa del sumo pontífice”, agregó.

Yinérida resaltó que la historia de Pastora Mira García, quien contó de forma detallada la experiencia que había tenido de perdón y reconciliación con el paramilitar que le quitó la vida a su hijo, fue uno de los aspectos que más la conmovió, pues le ayudó a darse cuenta que “si hay una solución para las personas que han sido víctimas de la guerra, y eso es el perdón”.

Antes de que finalizara la actividad, Hernández y otra víctima que se encontraba en silla de ruedas, salieron del lugar. Tras unos minutos de espera y mientras se efectuaba el cambio de automóvil del Papa, ambas aprovecharon para acercársele y ante la súplica insistente de la mujer que acompañaba a Yinérida , porque le bendijera unas camándulas que llevaba desde su hogar, él se les acercó y les dijo “hijas ustedes están benditas desde la venida de nuestro señor Jesucristo, así que llévenle esa bendición a sus hijos y a todos los suyos, y denles testimonio de nuestro Señor”.

Seguido a esto les dio la bendición. “En ese momento lo único que yo podía hacer era temblar”, comentó la líder piedecuestana.

Cuando asimiló lo que había ocurrido se dirigió junto con un grupo de mujeres a donde se encontraba el Cristo de Bojayá, se arrodilló al lado de los cirios que estaban rodeando a la figura y reflexionó sobre lo que significaba esa experiencia. Al finalizar el día, regresaron a Bogotá en donde tuvieron una reunión con otras víctimas y un padre ermitaño para orar y cerrar la jornada.

Por Dayanna M. Verjel C.
dverjel@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga