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Especial: Contralores, a la medida

Con la iniciativa ‘Tras la pista de las contralorías’, CdR Lab les puso la lupa a estos entes de control y encontró que, de 20 contralorías analizadas, 16 tienen cercanía con sus vigilados, sea por amistad, carrera política y hasta por relaciones familiares. Además, hay nóminas con funcionarios cuestionados y contratos que podrían generar conflictos de intereses a la hora de auditar el manejo del dinero público.

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En Bogotá, el contralor Juan Carlos Granados está en el ojo del huracán porque salió mencionado en las investigaciones de Odebretch, por una supuesta financiación de esa empresa a su campaña por la Gobernación de Boyacá en 2011; mientras que el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi acaba de ser condenado por su participación en el llamado carrusel de contratos de la capital.

En Cartagena, el alcalde, dos concejales y la contralora fueron detenidos, por una investigación según la cual la elección de esta habría sido fraguada desde el Concejo, a cambio de puestos y contratos en el ente de control. Y el contralor de Antioquia está siendo investigado penal y disciplinariamente y se niega a renunciar a su cargo.

Estos son solo ejemplos de las irregularidades que han llegado a los puestos de quienes tienen la función de vigilar las arcas del Estado en cada región.

Pero, como lo diagnosticó este año un estudio de la Fundación Liderazgo y Democracia, el Instituto de Ciencia Política y Transparencia por Colombia, “la politización no permite la necesaria independencia entre los órganos de control y las entidades y funcionarios que vigilan. En segundo lugar, no permiten que se elija la persona con más capacidades para el ejercicio del cargo de contralor territorial, quien a su vez designa funcionarios por compromiso político con los concejales y diputados que los eligen”.

Conozca el especial Tras la pista de las contralorías

Una investigación, en la que participaron 18 periodistas de diez regiones del país, identificó múltiples muestras de eso males de los entes de control. La iniciativa, de Consejo de Redacción, se llama Tras la pista de las contralorías y analizó 20 de estas entidades territoriales.  Los hallazgos dejan ver que por lo menos dos contralores vigilan a quienes reconocen como sus amigos, cinco deben observar la gestión de quienes se podrían considerar sus mentores políticos, mientras otros siete pertenecen al mismo clan político de sus supervisados y dos más tienen lazos familiares con los alcaldes de sus municipios.

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes, aseguró, en entrevista para este proyecto, que uno de los problemas en el control a las contralorías es que no está tipificado adecuadamente el delito de tráfico de influencias.

Los contratos son otro mecanismo de acercamiento, pues no se explica, por ejemplo, cómo un contralor puede suscribir un contrato con la misma entidad a la que le debe evaluar el manejo de los recursos, como es el caso de la Contraloría del Atlántico. Además, en las nóminas de algunas contralorías figuran personas con investigaciones vigentes, familiares o herederos políticos de quienes deben ser vigilados y allegados a los concejales o diputados que eligieron a los contralores.

Los datos recopilados, incluso, permitieron elaborar una visualización que muestra casi 300 conexiones  de los contralores. Este “roscograma” busca explicar cómo las relaciones con socios políticos, amigos y familiares, podrían incidir en la labor del control fiscal.

Mapa: Conozca los principales hallazgos

Todo queda entre amigos

Los lazos entre contralores y vigilados son de todo tipo. El contralor y el gobernador de Santander son amigos y aliados políticos desde hace 15 años. La contralora de Manizales es vieja conocida del alcalde, Octavio Cardona, del condenado político Ferney Tapasco y de varios de quienes dirigen entidades del municipio -que ella también debe auditar-.

Esto no es ilegal, pero el problema es que podría llegar a convertirse en un conflicto de interés. Al respecto, el recién posesionado auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, que es quien vigila a los contralores, asegura que su discurso con ellos es: “¿Están ustedes dispuestos a asumir el costo político de tener que proceder contra su amigo cuando hay una circunstancia que lo amerita? Tienen que hacerlo porque es lo que indica la ley”.

Varios llevan años coincidiendo en el mismo grupo político. Es el caso del clan Elías – Besaile, fuerza que ha elegido gobernador en los últimos dos periodos en Córdoba y a la que es cercano el contralor Emilio Otero; o el conservatismo sierrista, que tiene en sus manos no solo las principales entidades públicas de Caldas, sino que también es de su corriente el contralor y apoyó al gobernador.

Lo mismo parece ocurrir en Pereira, donde una concejal asegura que contralor y alcalde tienen afinidad política, más aún, cuando el primero publicó un controversial comunicado defendiendo al segundo, una semana antes de que éste perdiera la investidura.

La cercanía política a veces se evidencia o se refuerza en momentos en que han trabajado juntos. El contralor de Barranquilla hizo parte del anterior gobierno del alcalde Alejandro Char; y el de Magdalena fue asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda hasta 2014, cuando era gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, cuyo último año de gestión ahora debe vigilar.

Incluso, hay quienes apoyaron las campañas de sus vigilados. Así ocurre con la contralora de Montería y con el esposo de la contralora de Floridablanca, quien fue uno de los tres promotores del grupo político recogió las firmas para la campaña del actual alcalde.

Y para completar el panorama de ratones cuidando el queso, las cercanías no son sólo con alcaldes y gobernadores, sino también con otros funcionarios de sus jurisdicciones. El contralor del Bucaramanga, por ejemplo, supervisa la administración del exalcalde Luis Francisco Bohórquez , en la que su esposa fue alta consejera para la política social; y el del Valle debe vigilar, entre otras, las actuaciones de la Secretaría de la Mujer, donde la esposa de su papá es subdirectora.

Esta investigación indagó, mediante derechos de petición y revisión de cientos de documentos, las principales decisiones que han emprendido las contralorías analizadas. En algunos casos, es allí donde se evidencia cómo esas cercanías con las entidades o personas auditadas podrían afectar la labor de los contralores.

En la contraloría de Bucaramanga, los procesos de responsabilidad fiscal adelantados se han enfocado hacia las actuaciones del actual gobierno, que por primera vez en años no es del ala liberal, mientras que denuncias sobre posible corrupción, como las que llevaron a la captura del ex alcalde liberal Luis Francisco Bohórquez por parte de la Fiscalía, terminaron archivadas en la entidad. De hecho, la Auditoría manifestó en un informe sobre esta contraloría que encontró un “deficiente análisis a la situación financiera del municipio” tras terminar la administración anterior, teniendo en cuenta que hay denuncias de que ésta dejó la ciudad en quiebra.

En Santander ha habido cuestionamientos por el poco rigor aplicado a los casos de la administración actual. El más llamativo es el del Programa de Alimentación Escolar, en el que la Fiscalía encontró fallas que hoy tienen en la cárcel a la secretaria de Educación, pero que el contralor Diego Fran Ariza, determinó sólo como fallas administrativas y decidió archivar.

Contratos que tienden lazos

Esta investigación revisó la contratación de las contralorías desde 2008. Entre los casos más llamativos, encontramos que el contralor del Atlántico firmó un contrato por $1.186 millones con la Gobernación -la principal entidad que debe vigilar-, como representante legal del Fondo de Bienestar Social del ente de control. Según el acuerdo, el FBS debe hacer actividades de capacitación y actualización con las unidades de asistencia técnica agropecuaria y los consejos de desarrollo rural.

Por su parte, en la Contraloría de Cali trabaja Aimer Arango, papá del contralor del departamento, como secretario general. Entre los contratos que su entidad debe revisar están los de la Personería de Cali, que tiene siete contratos con su hijo, entre 2012 y 2015, algunos de ellos aún vigentes cuando el contralor departamental ya estaba ejerciendo.

Otro aspecto que llama la atención es la inversión en pauta publicitaria, la cual, según el auditor general, no está prohibida, pero “hay que diferenciar el alcance del contenido [de los contratos]. No se puede disfrazar, bajo contenido pedagógico o capacitación, la pauta publicitaria”.

La Contraloría de Medellín suscribió un contrato con la Fundación Sembremos País, para servicios y apoyo logístico a la oficina de prensa y comunicaciones, y para la emisión de pauta pedagógica. Esa fundación fue creada por Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la Gobernación y hoy presidente del Centro Democrático en Antioquia; y, aunque dice que dejó de presidir la ONG en 2015, la página web de ésta sigue siendo su plataforma de campaña. Como ese contrato, hay más de cien que superan los $ 200 millones.

Uno de los problemas evidenciados es la preferencia de las contralorías –como de todo el sector público- por la contratación directa, lo que genera un buen cúmulo de dificultades y falta de transparencia.

La forma de hacer más visibles los contratos se da en el cambio de plataforma del Sistema Electrónico de Información Pública (Secop), que es el sitio donde todas las entidades públicas deben tener la información completa de cada uno de los contratos desde que son convocados. Juan David Duque, director de Colombia Compra, Eficiente, explicó que hoy la plataforma de contratación está cambiando de Secop 1 a Secop 2 y con ello quedarían visibles todos los contratistas. Sin embargo, sólo es obligatorio para las entidades nacionales y las territoriales lo tienen como una opción. En el caso de las contralorías ninguna ha hecho el cambio de plataforma. “Deberían dar ejemplo”, dijo Duque.

Nombramientos favorables

Los puestos disponibles en las contralorías se prestan para que, también por ese medio, lleguen personas amigas de la administración de turno, o algunas con cuestionamientos por sus actuaciones en anteriores cargos, lo que genera preguntas sobre cómo evaluarán la labores de los funcionarios que les corresponde vigilar en los entes de control.

Ejemplos de esto se dan en Barranquilla, donde el responsable de jurisdicción coactiva de la Contraloría ha hecho campaña pública en el pasado por la casa Char -familia del alcalde-; en Norte de Santander, donde el subcontralor ocupó dos secretarías en la Gobernación durante los dos periodos del actual gobernador; en Manizales, donde uno de los que evaluaron las hojas de vida para la elección de la contralora es ahora su subcontralor; y en Santander, donde el contralor pidió la renuncia protocolaria a todo el personal que podía ser removido y, al parecer, usó los nuevos nombramientos para cumplir compromisos con los diputados.

Además, en el centro del país parecen estar las muestras de funcionarios cuestionados, pues entre quienes deben vigilar el manejo de recursos en la capital, se encuentran herederos políticos de concejales procesados por el carrusel de la contratación, un político con cuatro investigaciones en la Procuraduría y también estuvieron las hijas de los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, investigados por posibles actos de corrupción en el llamado ‘cartel de la toga’.

Por su parte, el contralor de Cundinamarca contrató en altos cargos a personas que tienen investigaciones vigentes en la Procuraduría y la Fiscalía, por casos como volteo de tierras, hechos de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno y el cartel de los POT de Cundinamarca.

Los dilemas de la elección

Los contralores son elegidos por las Asambleas y Concejos, a través de un concurso de méritos que incluye pruebas de aptitud y conocimientos, y una entrevista a los preseleccionados.

Los cuestionamientos y posibles conflictos de interés se empiezan a dar desde que se inicia ese proceso, pues la cercanía con los electores (diputados y concejales) enciende las primeras alarmas. Como en Santander, donde el ganador admitió haberse reunido con la coalición de gobierno en la Asamblea para presentar su hoja de vida, antes de ser elegido con sólo un voto en contra. O el caso del contralor de Bucaramanga, quien tiene una especial cercanía con tres concejales que participaron activamente en su elección, pues estos lo acompañaron previamente cuando aspiró al Congreso.

Otro foco de ruido está en los exámenes de conocimientos. En Córdoba la oficina de Transparencia de la Presidencia advirtió sobre la inconveniencia de seleccionar a la Corporación Unificada de la Costa CUN para hacer esas pruebas -como finalmente ocurrió- por presuntos intereses políticos que había detrás.

Y los puntajes también dan de qué hablar. El contralor de Bucaramanga quedó elegido, a pesar de que reprobó las pruebas de conocimiento, pues los concejales revocaron luego ese proceso e iniciaron uno nuevo en el que aquél resultó ganador. Los de Bogotá y Manizales obtuvieron puntajes inferiores a los de sus contrincantes. El primero, ocupó el puesto 37 de 43 finalistas y la segunda fue la de menor nivel entre los ternados que el Concejo evaluó, pero luego, en una segunda evaluación, fue la única a la que le subieron la puntuación.

Por su parte, el de Antioquia, Sergio Zuluaga, admitió que no ha terminado sus estudios de doctorado, como lo dijo en la hoja de vida con que participó en la selección para el cargo, y tampoco ha podido explicar otras dudas sobre la documentación que aportó, por las cuales lo investiga disciplinariamente la Procuraduría.

Precisamente, fueron las irregularidades en la elección de la contralora las que generaron el escándalo en el Concejo de Cartagena. De manera similar, los 18 concejales que participaron en la elección de Luz Marina Díaz Mantilla, en Floridablanca, afrontan una investigación por ese proceso de selección.

Y en la Procuraduría, según una consulta hecha para esta investigación, hay abiertos 30 procesos contra Concejos, Asambleas, universidades y hasta una procuraduría regional por posibles irregularidades en las últimas elecciones de contralores distritales, municipales y departamentales. 28 de ellos están en indagación preliminar, siete ya pasaron a investigación disciplinaria y uno está en pruebas de descargos.

Por eso, el auditor general insiste en que ese mecanismo debe ser reformado. “Lo que debe tener preponderancia es el factor técnico. Admito que hoy no ocurre así y de ahí las falencias que actualmente tenemos”.

¿Y quién controla a los contralores?

La entidad encargada de ponerle lupa a las contralorías es la Auditoría General de la República. Allí está, desde septiembre de este año, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, un abogado que llegó en medio de cuestionamientos porque tiene indagaciones y procesos en la Procuraduría y la Contraloría por casos de responsabilidad fiscal y por su cercanía con el condenado Juan Carlos Martínez.

En 2007, Rodríguez Becerra hizo parte, junto a Martínez, del movimiento que llevó a la gobernación del Valle del Cauca a Juan Carlos Abadía, posteriormente destituido e inhabilitado por la Procuraduría. En esa ocasión, el hoy auditor pasó de impulsar esa campaña a vigilar la gestión del ganador, pues fue elegido contralor departamental.

Al respecto, Rodríguez Becerra dijo que, a pesar de su cercanía con Abadía, fue él “quien encabezó las más fuertes denuncias contra el gobernador de ese entonces. Y no lo hice por desleal o desagradecido, sino porque sabía que debía hacer una labor con la suficiente autonomía e independencia”. Agregó que en sus funciones evitó un endeudamiento billonario del departamento a través de vigencias futuras y que denunció el exceso de publicidad en la administración departamental.

En los últimos dos años, la Auditoría encontró 1.900 hallazgos negativos (administrativos) en las revisiones que hace de las contralorías territoriales; además de otros 85, entre fiscales (daño al patrimonio público), sancionatorios, penales (posible delito) y disciplinarios (incumplimiento o extralimitaciones en cargos públicos), según se desprende de sus informes anuales.

En los casos en los que, a juicio del revisor, la actuación de alguna contraloría hizo que se malgastara o se perdiera dinero público -hallazgos fiscales-, el valor total de ese detrimento entre 2015 y 2016 fue de $545 millones. Los reproches en este sentido son de todo tipo, como el que se hizo a la Contraloría de Ibagué por destinar $11 millones para viajes del contralor que no tenían nada que ver con sus funciones, o le de la Contraloría de Santander, que pagó dos millones de pesos por la “evidencia fotográfica” de unos eventos de capacitación y recreación.

Precisamente, como lo muestra la siguiente gráfica interactiva, al parecer el campeonato de jalones de oreja está en esa región, pues la contraloría de Bucaramanga y la del departamento tienen el primero y segundo lugar en número de hallazgos acumulados (84 y 62, respectivamente) en las últimas dos vigencias evaluadas.

Las propuestas que suenan

Actualmente existen 64 contralorías, aparte de la del orden nacional (32 departamentales, 4 distritales y 28 municipales). Pero el contralor general, Edgardo Maya Villazón, ha propuesto en varias ocasiones que éstas sean eliminadas y que el control sea centralizado. “En ningún país serio del mundo puede haber 63 [sic] entidades de control fiscal haciendo lo que les parece, con los criterios que les parece. Tiene que existir una sola contraloría”, dijo recientemente en entrevista radial en La W.

Los detractores de esa posibilidad se apoyan en que sería un retroceso en la descentralización que se ha venido buscando desde la Constitución del 91. En otros sectores surgen otras ideas, como la solicitud que suscribieron, a comienzos de este año, 17 ongs y fundaciones de empresas, para pedirle al gobierno y al Congreso que le quiten la elección a las Asambleas y Concejos y la cambien por procesos de meritocracia, para tener en los cargos de control gente con capacidad técnica e independencia. Pero la propuesta quedó en eso.

El secretario de Transparencia explicó que, precisamente éste es uno de los puntos que contiene el proyecto de reforma a las contralorías territoriales que hoy está en borrador y acata las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que plantea que sean los tribunales los encargados de escoger una terna para que el Contralor General haga la selección final. Además de cambiar su forma de elección, el documento incluye crear sistemas para separar a los contralores de sus cargos ante faltas graves y crear una segunda instancia para las sanciones.

El auditor general, por su parte, dice que buscará, dentro de sus dos años en el cargo, diseñar una propuesta de reforma integral al sistema de control fiscal, que incluiría la certificación de universidades acreditadas para hacer las pruebas de conocimientos a los aspirantes. Descarta eliminar el control posterior, pero sugiere que no coincida el periodo del contralor con el del alcalde, sino que audite dos años a uno y dos años a otro.

Además, en cuanto a la Auditoría General, cuyo papel considera clave para que los contralores se sientan obligados a realizar bien su labor, propone que el tipo de revisión a las Contralorías pueda ir más allá de cuantificar la recuperación del patrimonio público, y pase a evaluar, por ejemplo, con qué criterios técnicos los contralores seleccionan los procesos y contratos a evaluar. Finalmente, indica que sería conveniente revivir la certificación y el ranking de las contralorías que solía hacer esa institución de vigilancia.

La pregunta a futuro es si estas ideas prosperarán o quedarán en el papel, como tantas otras iniciativas de reforma al sistema de control en el pasado.

Por Miriam Forero
Miembro de Consejo de Redacción, organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia.

Universidad Autónoma de Bucaramanga
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